Soberanía Secuestrada (ago11)

Hace poco más de una década comenzamos el siglo XXI. Tras el convulso siglo XX una nueva etapa se abría para la humanidad. Los últimos avances tecnológicos habían conseguido acercar a los ciudadanos del mundo. Parecía que todos habíamos tomado nota de los conflictos que habían asolado no solo Europa, sino el mundo. La tierra como planeta daba muestras de hartazgo ante la acción humana y llegaba el momento de dar soluciones. La miseria, el hambre, las desigualdades sociales y los conflictos religiosos eran materias para tomar nota de cara a un futuro que se abría a nosotros con la esperanza de quién cierra un ciclo y pretende que el que abre sea mejor, carente de los errores del pasado.

Sin embargo, si en algún momento tuvimos la esperanza de que los gobernantes hubieran aprendido, que los grandes poderes económicos entendieran el ocaso de un modelo agotado, o simplemente que nuestros representantes estuvieran a la altura del reto que se les presentaba, obviamente no fue así. O no supieron estar a la altura o, simplemente, no quisieron estarlo.

Y nos encontramos en el presente. Un presente cuyo mayor peligro no es que no se aprendiera de los errores del pasado o que aquellos que llevan la batuta de la historia no se hayan puesto a trabajar por un futuro mejor para todos y si para el de una minoría elitista. El mayor peligro que tenemos en nuestro presente es que no nos quieren dejar soñar con un futuro mejor.

Nos encontramos un panorama desolador donde todo parece justificado por la gran crisis económica global. El paro, la pérdida de derechos, el recorte de servicios sociales, el debilitamiento de los poderes públicos,… un suma y sigue siempre justificado con el mismo argumento: La crisis.

Pero no podemos evitar preguntarnos hasta qué punto todo es justificable. Cómo puede ser que aquellos que han provocado esta situación son a la vez los más beneficiados de la misma. Con qué justificación aquellos que hemos sido títeres durante tanto tiempo de estos poderes tenemos que ser también ahora los máximos perjudicados. Cómo puede ser que los poderes públicos, aquellos mismos que deberían representarnos y defender nuestros intereses cedan soberanía y se plieguen a los mandatos de aquellos que nos han llevado a la más absoluta de las ruinas.

Sin lugar a dudas es completamente incomprensible. Escapa de toda lógica.

El Tratado de Maastrich y el Pacto del Euro, pese a las repetidas advertencias que ya hacíamos en el pasado, han venido a construir una Europa del capital más allá que una Europa de los pueblos. Nos ha convertido en una herramienta al servicio de intereses particulares y de grupos de poder cuyo único credo es ganar más dinero a costa de lo que sea. El referente son los índices bursátiles y económicos, por encima de las tragedias que en multitud de ocasiones esconden los fríos números. Grecia, Portugal e Irlanda son los mayores ejemplos de un nuevo tipo de neocolonialismo económico, pero no los únicos. España sigue sumisa el camino que le han marcado y parece que es cuestión de tiempo que nos veamos en las mismas.

Y es que hemos llegado a un punto donde todo y todos somos objeto de especulación económica. Las personas, las acciones, los derechos, los recursos naturales, el dinero mismo, todo vale para generar más dinero. Pero parten de una premisa errónea. No todo vale.

La vivienda es un derecho. El trabajo es un derecho. La educación es un derecho. La salud es un derecho. La alimentación es un derecho. La dignidad es un derecho. Nada de esto sirve para poder especular y generar beneficios de las necesidades básicas de las personas, y como derechos básicos los poderes públicos tienen que defenderlos y salvaguardarlos. Si esto no fuera así estos poderes estarían haciendo dejación de sus funciones.

Pero los grandes poderes económicos opinan lo contrario. Todo es privatizable. Todo es objeto de negocio y por lo tanto se tiene que ajustar a las leyes del mercado. Por supuesto que siguiendo este razonamiento ningún estado debe intervenir en la economía porque entonces hablaríamos de que se atentaría contra esas leyes. Por lo visto las leyes del mercado están por encima de los derechos y libertades de los individuos que tanto trabajo y tiempo han costado conquistar. Incluso parece que está por encima de las propias leyes naturales.

Los recursos naturales no escapan a esta ola de mercantilismo voraz. Todo parece tener dueño y de esta forma se puede vender y poner precio al antojo del interesado. Un mundo de recursos finitos explotados de forma sistemática en la búsqueda de un crecimiento económico infinito. No solo es algo ilógico sino que es amoral.

Ante esta situación los ricos cada vez son más ricos y tienen más derechos y los pobres cada vez son más pobres y con menos derechos. Y que nadie se llame a errores. No existe la tan nombrada clase media. Solo distinciones entre pobres con pocos derechos y más pobres con menos derechos. Todos estamos indefensos y a la voluntad de la nueva clase dirigente mundial.

Pese a todo parece que hay un pequeño atisbo de esperanza. No es muy grande a día de hoy pero es algo, y puede ser la semilla de algo mayor.

La más que maltratada juventud española por fin se echó a la calle indignada de tantas felonías. Esa misma juventud que tantas veces ha sido acusada de apolítica, pasota y desinteresada. Esa generación de españoles y españolas que es la mejor formada de nuestra historia y la peor aprovechada. Cansada de oír siempre los mismos cantos de sirena salió a la calle dando una lección no solo a los grandes partidos políticos españoles sino al mundo entero. Nuevamente se hacía válida la cita de “España, que gran pueblo si hubiera gobernantes a la altura”.

Pero como decíamos anteriormente es tan solo un pequeño atisbo de esperanza. Se lucha contra un sistema y unos poderes muy consolidados y, hasta cierto punto, muy asumidos como “naturales” por parte de la mayoría de la población. Como muestra un botón: los resultados de las elecciones municipales de 2011. Y es que la desconfianza hacia los partidos políticos es tal que en la mayoría de los casos se prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Si a eso le sumamos un sistema político injusto tenemos el coctel perfecto que perpetuará esta situación mientras no exista un desencadénate que rompa dicha dinámica.

Y es que el sistema político español es una gran obra de ingeniería diseñada para perpetuarse en el tiempo, sin sobresaltos ni contratiempos. Y ahora, gracias a nuestros representantes, sumisa a los grandes poderes económicos globales.

Una ley electoral diseñada para perpetuar el bipartidismo en España, unido al control mediático y en muchas ocasiones a la inercia electoral hace de la España actual una mala copia de la España de otros tiempos. Una España bipartidista donde la dualidad de discursos oculta la unidad de proyectos económicos, maquillada con políticas más o menos sociales, casi siempre acompañadas de partidas presupuestarias deficientes o nulas, según quien retenga el poder en cada momento. De esta forma se entra en un círculo vicioso del que, aparentemente, no hay escapatoria posible.

El movimiento 15M, esa reacción social que ha irrumpido en la vida política y social española, ha venido a ser una bocanada de aire fresco que ha pillado a esta clase política con el pié cambiado. Y sin embargo su repercusión a largo tiempo es algo que, cuanto menos a día de hoy, resulta discutible.

Como reflexionábamos anteriormente este sistema está diseñado para sobrevivir. Todo el movimiento social generado puede quedar en algo meramente anecdótico con el transcurrir del tiempo. Hay que ser realistas y contemplar dicha posibilidad. El tiempo juega a favor del sistema, más preparado para sufrir el desgaste propio de este tipo de conflictos sociales. El discurso de que el pueblo habla a través de las urnas los autoconvence en sus justificaciones. Pero claro, la ley electoral sirve para que así sea. Incluso existe el peligro más que evidente que se termine por recoger muchas de las reivindicaciones que se han sacado a la calle por parte de alguna de estas fuerzas políticas, sino por ambas, para que con el tiempo veamos como son adaptadas y manipuladas para el servicio de los mismos poderes que ahora nos empeñamos en combatir. Incluso el de captar alguno de los miembros más significativos de estos movimientos para que pasen a formar parte del sistema mismo.

El discurso existe. Las ideas están sobre la mesa. Y son realizables. Solo falta voluntad política para llevarlas a cabo. Pero esta voluntad, al menos la que tímidamente muestran a los medios los depositarios del mal llamado poder popular, es una pantomima. Un ejercicio de teatro puesto en marcha con el afán de recoger votos en el siguiente encuentro electoral. Básicamente cambiar para que todo siga igual.

Ante esta situación debemos preguntarnos si existe alternativa. Sabemos por experiencia que luchar contra el sistema es complicado, más aún salir airosos de ese enfrentamiento. Y participar del sistema para cambiarlo, al menos con las estructuras actuales es en sí mismo una contradicción bastante evidente. Y es que no podemos usar términos como democracia real, democracia participativa, pluralidad o participación cuando nuestro modelo democrático, junto a otros defectos, se sustenta en partidos políticos que se basan en una estructura tradicional a la que nos atreveríamos de denominar como poco de arcaica.

Un partido político de cuño tradicional puede llegar a ser, y de hecho es en la mayoría de los casos, uno de los componentes menos democráticos de este sistema. Estructuras piramidales, órganos poco representativos con sus bases sociales, el olvido de las mismas, la pérdida de referentes ideológicos, los programas electorales convertidos en papel mojado, etc. hace muy poco creíbles discursos donde el eje es la radicalidad democrática.

Las bases de una fuerza política deben ser lo que el pueblo a un estado. De ahí es de donde emanan las decisiones, a ellos se deben y representan, y ante ellos deben dar explicaciones de sus actos. Los dirigentes de una fuerza política no deben ser más que meros portavoces de las bases que componen dicha fuerza. Se deben a un programa electoral, elaborado a partir de aquellos referentes ideológicos que, al fin y al cabo, han unido a tantas personas dispares en un proyecto político. Un programa que se debe elaborar entre todos y todas. Porque no olvidemos nunca que el objetivo último de una fuerza política debe ser hacer política. Llegar al poder es tan solo un medio para llevarlas a cabo, y que una vez que alcanza el poder debe trabajar al servicio de un pueblo que es al que representa y defiende, y el que a través de una ley electoral justa y representativa le ha otorgado la confianza para que pueda llevar a cabo esas políticas que defiende.

Los dirigentes como meros portavoces de las bases, la consulta vinculante a estas, el establecimiento de primarias y listas abiertas, entre otros conceptos, hacen de un partido político una fuerza coherente con el discurso de democracia radical en el que ahora se arropan tantos.

Cambiar el modelo de partido tradicional es, en cierta forma, la manera de participar en el sistema cambiándolo. Todo esto sin cejar en otro tipo de acciones.

La nueva ley electoral no es un capricho, es una necesidad de una sociedad que clama por sus derechos. En teoría el Congreso de los Diputados representa a todos y todas los/as españoles/as, aunque la realidad dista mucho de ser así. Con la actual ley electoral somos muchos y muchas los que nos quedamos sin representación en la cámara. Otros tantos a los que se infravalora a través de su representación y otros a cuya palabra se les da más valor que al resto. En un llamado Estado de Derecho esto es un auténtico atropello para los ciudadanos y ciudadanas. Ante esta barbaridad la justificación viene de la mano de la defensa de las minorías territoriales. Sin embargo, como anteriormente comentábamos, esa labor no le compete al Congreso. Para la representación territorial está, o debería estar si de una vez se iniciara la tan cacareada reforma del mismo, el Senado, donde todos los territorios se ven representados con el mismo peso político.

Por más vueltas que se le quiera dar no deja de parecer una chapuza. Una chapuza que va en detrimento de la calidad democrática de españoles y españolas. Una chapuza que tarde o temprano habrá que arreglar para que el sistema político español tenga un mínimo de credibilidad.

Y es que lo que toda lógica lleva a pensar es que la evolución natural de un estado de las autonomías es a un estado federal. Una república federal que tenga como pilar básico la solidaridad entre territorios.

Y hablamos de república porque no se puede utilizar otro término si nos referimos a democracia radical. No podemos por una parte reivindicar que todos y todas tengamos los mismos derechos y que nuestra palabra valga lo mismo, y a la vez establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dependiendo de si te apellidas de una determinada forma y eres primogénito. Si cumples estos requisitos tienes derecho a ser Jefe de Estado y si no cumples con estas condiciones no. Por muy parlamentaria que se diga una monarquía, desde el momento en el que el pueblo no puede elegir libremente a quien quiere tener como Jefe de Estado no es una democracia completa.

Una República Federal Española, solidaria entre sus territorios, con unas instituciones y leyes justas, democráticas y realmente representativas, debe tener como principal prioridad la defensa de los intereses y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, poniendo a su disposición los medios para que estos derechos sean una realidad y no una mera declaración de intenciones, como ocurre a día de hoy.

El derecho a una educación y a un servicio de salud público de calidad debe ser una prioridad.

Los derechos a subsidios de desempleo, jubilación digna y a una renta básica deben de estar fuera de toda discusión.

El Estado tiene que poner todos sus medios a disposición para no solo asegurar el derecho a un trabajo, sino que este cumpla unas condiciones de estabilidad y dignidad.

Se debe fomentar la creación de cooperativas de agricultores que no solo permita a los productores ser realmente los beneficiarios de su trabajo, sino que evite la especulación de los intermediarios que buscan ganar dinero especulando con bienes de primera necesidad como son los alimentos.

No se puede permitir ningún estado que sus mentes más brillantes, en las que tantos millones de euros ha gastado en formación, tengan que emigrar a terceros países porque no tengan posibilidades de desarrollar todo su potencial aquí. Es por eso que debe establecer como prioridad la inversión pública en investigación y desarrollo. Esto último no solo es posible sino que es una necesidad ante la dependencia energética que sufrimos, y que en un futuro nos puede permitir desarrollar un fuerte sector energético renovable.

La vivienda no puede ser un bien especulable como ha sido hasta ahora. Es un derecho y como tal debe ser tratado, con todas las garantías del estado.

Una banca pública fuerte es una necesidad que durante muchos años ha sido desatendida, dejando en manos este sector estratégico, como muchos otros, en manos privadas. Esto termina provocando una dependencia que, como hemos llegado a comprobar, termina degenerando en el autentico secuestro de la soberanía de algunos estados.

Y es que si la soberanía de un Estado reside en el pueblo, y si un gobierno democrático es el representante de dicho pueblo, es obligación de ese gobierno la defensa de los intereses del pueblo al que representa, por encima de otros intereses. Si esto significa la intervención en la economía, la nacionalización de los sectores estratégicos como la banca o el sector energético o la creación de un sector público fuerte y de calidad, está sobradamente legitimado para llevarlo a cabo.

Un estado democrático no puede ni debe estar sometido ni secuestrado a poderes no democráticos e ilegítimos.