A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Eso debe de estar pensando más de uno desde su sillón. Y es que la actual crisis ha venido a dejar en evidencia lo que algunos ya veníamos advirtiendo, la debilidad cada vez más acuciante del estado. Debilidad llevada de la mano de los dos grandes partidos que se visualizan no solo en España, sino también en Andalucía.
Y es que el problema no es nuevo, aunque ahora resulte más patente. El bipartidismo, asentado en una más que injusta ley electoral, es en gran parte responsable del descrédito que viene sufriendo la labor política desde hace ya varios años. La vida política se ha bipolarizado para la sociedad, donde el negro se contrapone al blanco, sin grises ni matices, y donde el discurso político se ha abandonado por el “y tu peor”.
Pero no hay que engañarse. Esta bipolaridad solo es mediática. Un ejercicio de pugna por el poder con el tan manido “quítate tú para ponerme yo”. Cualquiera con un mínimo de visión crítica puede darse cuenta de que ambos partidos son dos caras de la misma moneda. Las propuestas son las mismas, diferenciándose en matices más de cara a la opinión pública que por convicción. Y así nos va.
La actitud tanto del PP como el PSOE al cambio de ley electoral es la misma. De ninguna de las maneras van a abordar un tema que puede hacerles perder su situación de privilegio. Poco importa que la actual ley sea injusta. De nada sirve que el voto de un/a andaluz/a no valga lo mismo que el de un/a gallego/a, de la misma forma que poco importa que un voto al PSOE o al PP tenga más valor que un voto a IU. Para ellos estas cosas son minucias sin importancia. Un pequeño precio a pagar en pérdida de calidad democrática para mantener su estatus. Y eso que se supone que la voz de todos en democracia vale lo mismo.
Seguramente el argumento a esgrimir es el de la protección de las minorías territoriales (véase CIU o PNV), pero este argumento no resulta válido. ¿No se supone que para esto ya existe una cámara, el Senado, que es la encargada de la representación territorial? Y si el Senado no funciona como debiera ¿no sería más lógico abordar de una vez su reforma? Pues no, para ellos la solución lógica es que existan deficiencias de funcionamiento en ambas cámaras.
De todas formas no hay por qué sorprenderse. Que hay déficits democráticos en el estado español es solo una más de tantas contradicciones e incoherencias que tenemos asumidas.
También se recoge en la constitución que todos tenemos derecho a una vivienda, pero alguien se olvidó de especificar que no se podía especular con un bien de primera necesidad. También se hace hincapié en que todos y todas tenemos derecho a un trabajo, pero esta afirmación también se quedó como una mera declaración de intenciones, y mucho menos se iba especificar nada de que ese trabajo tenía que ser de calidad, no fuera que se cerrara la puerta a la precariedad laboral.
También nos han hecho creer que todos los españoles y españolas tenemos los mismos derechos y deberes, sin embargo sabemos de sobra que no es así.
Ley electoral aparte, donde ya sabemos que no todos valemos lo mismo en esta democracia, resulta que aunque teóricamente todos tenemos los mismos derechos solo uno tiene derecho a ser jefe del estado. Debe apellidarse Borbón y, por si fuera poco, para ser el siguiente jefe de estado hay que ser el mayor de sus hijos, teniendo preferencia el hombre sobre la mujer. Da igual los méritos, la formación o simplemente la voluntad popular. Y eso que se supone que la soberanía nacional reside en el pueblo. Lo que nos lleva a otro tema.
Si la soberanía reside en el pueblo, y el gobierno y los poderes públicos lo representan, lo lógico es que estos poderes velaran y defendieran nuestros intereses. Si esto significa intervenir de forma activa en la economía está de sobra legitimado. No solo es su derecho, sino que es su obligación. Sin embargo los dos partidos mayoritarios coinciden en el no intervencionismo económico a favor del libre mercado. Si un gobierno no defiende los intereses de aquellos a los que representa para mi queda deslegitimado. No es comprensible que un gobierno defienda los intereses de los grandes capitales privados que en nombre del libre mercado nos han traído a esta situación, y seamos los grandes perjudicados los que tengamos que cargar con las consecuencias. No tiene lógica que el dinero público tenga que servir para ayudar al gran capital privado en situaciones de crisis pero no se pueda desarrollar un sector público fuerte. No es lógico que no exista una banca pública dejándonos a todos en manos de la banca privada y su continua búsqueda de mayores beneficios. Y tampoco es lógico que sectores estratégicos como el energético esté en manos privadas.
Y es que cada vez es más evidente que el actual sistema es solo una herramienta en manos de los grandes capitales privados, gestionados de forma sumisa por el PP y el PSOE. A estos dos partidos poco les interesa el interés general. Solo se mueven por instinto electoralista, ¿o qué nombre puede recibir si no lo que ha ocurrido en Andalucía con la deuda histórica? Ninguno de estos dos partidos ha creído nunca en ella. Solo les ha servido de arma arrojadiza para erosionar al rival, reivindicando su pago o regateando con ella según conveniencia, todo para acabar finalmente reducida y pagada en especias. Y luego se arroparán en la bandera andaluza cuando lleguen las elecciones. Nos intentarán hacer creer que para ellos Andalucía es lo primero, pero se les niega constantemente la posibilidad de tener unas elecciones separadas de las generales. Unas elecciones donde se pueda hablar de Andalucía, de sus necesidades y de sus carencias, sin que sea solapado dicho debate por ningún otro. Para estos dos partidos Andalucía es un granero de votos, un pueblo al que adular y engañar constantemente, al servicio de sus intereses.
Y es que así nos luce el pelo. Una sociedad desencantada y desactivada donde dos partidos luchan constantemente con el único objetivo de alcanzar el poder para poder mantener su estatus, sin intereses reales más allá que los propios, sin ánimos de transformar lo que tenemos en algo mejor para todos.
Pero aquí no pasa nada. Si algún día, los que en ese momento tuvieran los sillones se vieran en la desgracia de perderlos, siempre les quedaría la confianza de que dentro de algunos años (cuatro o quizás ocho) volverían a recuperar lo que nunca debieron perder. De eso se encargará su mimada ley electoral.
Samuel Domínguez Domingo
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